Con tan sólo dos artículos, el oficialismo legislativo intentará convencer a la oposición de los beneficios de aprobar una ley que permitirá al Poder Ejecutivo contratar en forma directa la construcción de 2.500 casas. Aunque, al parecer, difícilmente logre su cometido.

El proyecto, firmado por una decena de alperovichistas y con dictamen favorable de la comisión de Obras Públicas, será tratado mañana por la Cámara, en la primera sesión de 2013.

La iniciativa consta de apenas dos artículos (el tercero es de forma). En el primero, se autoriza al interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano a contratar en forma directa la construcción de las 2.500 viviendas del proyecto "Manantial Sur". En el segundo, se aclara que ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de la construcción de más de 110 unidades. Pero en ningún fragmento se especifica cuál es la fuente de financiamiento de la obra, el monto que se invertirá ni si la selección de las firmas responsables del proyecto se hará mediante un cotejo de precios. Sólo en declaraciones a la prensa, el gobernador, José Alperovich, deslizó que la idea oficial es que una veintena de empresas participen de la iniciativa.

Precisamente, esa laguna en el proyecto que llegará al recinto es el argumento que utilizará la oposición para votar en contra. "El alperovichismo está dispuesto a sostener el rumbo equivocado. La Legislatura comenzará el 2013 con la persistente y oscura práctica de autorizar las contrataciones directas para hacer obras millonarias. El argumento de la urgencia sigue siendo la excusa de una gestión que ha hecho de lo extraordinario su ejercicio permanente", alertó el radical Federico Romano Norri.

"Durante el año pasado, casi no hubo sesión en la que no se recurriera a ese mecanismo (contratación directa). No votamos en contra por capricho, sino por respeto a la Constitución y la transparencia que requiere el manejo de los dineros públicos", sugirió Roberto Sánchez (UCR). Romano Norri, además, cuestionó que en el proyecto no se especifique cuál será el costo de construcción de las 2.500 casas. "Ya no hay límites. La mayoría automática de la Legislatura habilita al Gobierno a pedir cheques en blanco todos los meses. La discrecionalidad con la que se dispone del presupuesto público roza la arbitrariedad y abre paso a la corrupción. Ese es el límite que pretendemos poner. La gente tiene que entender que si hay transparencia, se pueden hacer más y mejores viviendas que en un marco de sospechas", concluyó el ex presidente de la UCR.

También José Manuel Páez (Democracia Cristiana) adelantó que no acompañará la iniciativa del alperovichismo. Según afirmó, la autorización viola la Constitución provincial. "Se contraviene lo establecido por el artículo 12 de la Constitución provincial, la Ley de Obras Públicas y la de Administración Financiera, que establecen la obligatoriedad de la licitación pública porque otorga transparencia al accionar del Estado e igualdad de oportunidades a los oferentes", planteó.

Páez se preguntó cuál será el criterio bajo el cual el Gobierno elegirá a las empresas que participarán del proyecto habitacional. "La circunstancia de que distribuyan entre varias empresas la adjudicación de la obra no altera el criterio discrecional que se empleará, tanto en la definición del precio de las viviendas como en la designación de las empresas beneficiadas", afirmó.